Ivana Guzmán es una mujer transgénero de 40 años, habitante de Nueva Segovia, que presenta una discapacidad auditiva. Inició su transición desde los 13 años y, desde entonces, ha asumido plenamente su identidad de género.

Cuando Ivana decidió salir del clóset fue expulsada de su casa, pasó aproximadamente tres años viviendo en la calle, donde sufrió violencia verbal y física. Además, para sobrevivir tuvo que ejercer el trabajo sexual. En su historia se reflejan múltiples formas de discriminación y exclusión.

A lo largo de su vida, Ivana ha enfrentado barreras para comunicarse y comprender a las personas con quienes interactúa. Debido a que nunca asistió a una escuela especial para personas sordas, tuvo que aprender el “lenguaje casero”. Por esta razón, no sabe leer ni escribir.

Una de las limitaciones del sistema educativo en Nicaragua es que no existe suficiente acceso a educación especial para las personas con discapacidad. Entre estas limitantes se encuentra la edad: quienes pasan de los 20 años no pueden acceder a una escuela. Además, muchos servicios no llegan a las comunidades alejadas de las ciudades.

Una maestra de lenguaje de señas, informó al Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua que el límite de edad para que las personas con discapacidad cursen la educación básica en Nicaragua es hasta los 16 años. Para dar continuidad a los estudios, existe el Tecnológico Nacional (INATEC), que ofrece carreras técnicas.

Asimismo, para quienes desean iniciar una carrera universitaria, se señala que hay educación de adultos; sin embargo, se imparte de manera personalizada mediante el apoyo de personas voluntarias. Por otro lado, la propia comunidad sorda también se organiza para enseñar a sus pares.

El Observatorio LGBTIQ+ entrevistó a un joven gay sordo de Managua (omitiremos su nombre por seguridad), para quien la experiencia ha sido distinta. Logró estudiar su bachillerato, en parte porque en las ciudades hay más accesibilidad. Señala que el reto actual es conseguir un empleo digno, donde no se discrimine por su discapacidad ni por su orientación sexual. También expresa su deseo de contar con un trabajo formal que le permita cotizar su seguro social y, además, coronar una carrera universitaria. 

Regresando con Ivana, menciona que durante su adolescencia sufrió con mayor intensidad la violencia. Vivió tres años en situación de calle y muchas personas la golpeaban por no entender su forma de comunicación; esto la enfrentó especialmente con hombres que recibían su servicio sexual, quienes además intentaban aprovecharse de ella. En una ocasión, incluso la apuñalaron.

Cuando su padre se dio cuenta de la situación por la que estaba atravesando su hija, dejó a un lado los prejuicios sobre la orientación sexual e identidad de género. Desde entonces, la apoya en sus decisiones y la defiende frente a quienes intentan hacerle daño.

Desde octubre de 2009, Nicaragua inició un estudio social, pedagógico, clínico y genético de las personas con discapacidad, denominado “Todos con voz”. Su objetivo fue establecer procedimientos para la certificación y carnetización de las personas con discapacidad.

El 5 de noviembre de 2011 entró en vigencia la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el Capítulo IX, artículos 64 y 65, se establece la certificación y carnetización de las personas con discapacidad. Luego, en marzo de 2014, se aprobó el reglamento de dicha ley, ratificando el Decreto 11-2014.

El protocolo para la certificación y carnetización menciona diferentes tipos de discapacidad como la físico-motora, sensorial, auditiva, visual, psicosocial, intelectual, mixtas o múltiples, entre otras.

Expertos en el tema consideran que, si realmente se desea responder a las necesidades de este colectivo de personas, este tipo de protocolos debe basarse en derechos humanos e incorporar la interseccionalidad. Esto permite monitorear brechas de acceso y de trato, y alinear los estudios con perspectivas de igualdad y no discriminación.

Sin embargo, persiste un vacío importante: en este protocolo no se ha caracterizado de manera específica a la comunidad LGBTIQ+ con discapacidad. Su enfoque es hacia el colectivo de personas con discapacidad de forma general, sin profundizar en las particularidades LGBTIQ+ de este grupo.

La historia de Ivana es una entre cientos, quizás miles, de experiencias marcadas por la desigualdad. Su vivencia muestra brechas acumuladas a lo largo de la vida: discriminación por ser sorda, por su expresión e identidad de género, por ser una persona del campo y por vivir en condiciones de pobreza. Así es, las desigualdades tienen una dimensión territorial: aunque en algunos contextos urbanos existen avances, los servicios inclusivos suelen concentrarse en grandes centros y son menos accesibles para quienes viven en zonas rurales o alejadas. Esto amplía las brechas en el acceso a la atención en salud y también en el ámbito educativo.

Ivana comenta que desde pequeña salía a vender rosquillas en las calles para aportar al sustento familiar lo que limitó su aprendizaje escolar. En su vida adulta, trabaja como empleada doméstica y su aporte económico es fundamental para el bienestar de su familia.

A pesar de los avances y las normativas, en 2026 las personas con discapacidad todavía enfrentan obstáculos para disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones. En el caso de Ivana, ella y su familia carecen de información sobre cómo acceder a beneficios derivados de proyectos sociales.

A nivel mundial, aproximadamente el 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad, según el Informe mundial sobre equidad en salud para las personas con discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, estas personas enfrentan mayores niveles de pobreza, exclusión y dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, brechas que tienden a ampliarse en momentos de crisis.

Una vez que entró en vigencia el carnet “Todos con voz” en Nicaragua prometió garantizar beneficios como: descuento del 50% en el pasaje del transporte urbano colectivo, tarifas más bajas en transporte terrestre interurbano, aéreo y marítimo nacional (ofertado por el transporte privado), descuentos no menores al 50% en boletos para espectáculos públicos culturales o recreativos, tarifas más bajas en eventos organizados por el sector privado y facilitar el acceso a materiales de reposición periódica y medios auxiliares del Ministerio de Salud, según corresponda.

El Observatorio LGBTIQ+ de Nicaragua consultó a una mujer transgénero de Bluefields con discapacidad motora (quien prefirió omitir su nombre), sobre el disfrute de estos beneficios. Ella relató que obtuvo el carnet pero que aún no ha logrado acceder a los beneficios establecidos en la Ley 763. Indicó que cuando ocurrió su accidente logró obtener una silla de ruedas, aunque aún no existía el carnet. Ahora que lo tiene, no ha recibido beneficios. Señaló que para viajar a la capital quizás exista el descuento, pero ha tenido que “rogar una semana” para que la ayuden porque considera que algunas empresas o prestadores de servicios no conocen la ley o no quieren cumplirla.

Además, mencionó que ha solicitado empleo y que no ha tenido éxito. Contó que, en una ocasión, pidió trabajo en la alcaldía y tuvo que dar seguimiento más de seis veces, pero no le aprobaron. También expresó que en su comunidad se entrega un paquete solidario de granos básicos, pero a ella no la han tomado en cuenta, aunque sí conoce personas a quienes les han otorgado ayuda mediante bonos económicos.

Para que estos protocolos lleguen a todas las personas de manera equitativa, se requieren campañas comunicativas intensas que no solo informen a las personas con discapacidad, sino también al resto de la población. Esto fue parte del señalamiento del joven gay sordo de Managua. También enfatizó que es necesario mejorar la atención en entidades estatales y privadas, garantizando que puedan comunicarse con facilidad, especialmente con la comunidad sorda y que no exista discriminación por la discapacidad, orientación sexual o identidad de género.

Finalmente, Ivana sueña con una Nicaragua más justa: poder caminar con libertad sin sentir acoso por ser mujer transgénero, aprender a comunicarse con lenguaje de señas, aprender a leer y escribir, estudiar en una escuela para personas mayores y tener a un trabajo digno.